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English (United Kingdom) Masivas protestas estudiantiles en Francia, con hasta 450.000 manifestantes, exigen reformas educativas y cuestionan el modelo de estado de bienestar, revelando un profundo descontento juvenil ante el estancamiento económico y la desigualdad creciente.
El martes 6 de febrero, entre 260.000 y 450.000 personas —según cifras oficiales y sindicales respectivamente— marcharon en todo el país, incluyendo estudiantes, padres, docentes y sindicalistas. Cerca de 1.800 centros educativos, casi la mitad del total nacional (3.700), permanecieron cerrados ese día. El gobierno respondió con propuestas como espacios de debate en escuelas y planes para reducir la escasez docente, pero estas medidas fueron rechazadas por sectores estudiantiles como “cortinas de humo”. Hasta 6.500 menores de edad habrían sido detenidos, y graves lesiones —como la pérdida de una mano en un adolescente de 15 años y heridas graves en otro de 14 tras el uso de granadas de dispersión— provocaron la suspensión temporal de ese armamento por parte de las autoridades.
Dato clave: El gobierno francés suspendió el uso de granadas de dispersión tras las graves lesiones sufridas por menores durante las protestas.
Analistas señalan que estas movilizaciones no son un fenómeno aislado, sino la punta de un iceberg que refleja el desencanto de una “generación perdida” frente a la baja movilidad social, el alto desempleo juvenil y la erosión del sistema educativo público. Según Enrique Banús, de la Universidad de Piura, el malestar se alimenta tanto de reformas educativas impopulares como de un mercado laboral precario y una economía francesa en desaceleración. Rodrigo Murillo, politólogo peruano radicado en Francia, profundiza el diagnóstico: la fuga de familias de clase media hacia la educación privada —especialmente la católica— está debilitando al sistema público, lo que pone en jaque el principio de equidad que sustenta el estado de bienestar francés.
Contexto
Las protestas se inscriben en un clima de desconfianza institucional tras años de tensiones sociales y reformas polémicas. Aunque las movilizaciones actuales están lideradas por estudiantes, su alcance ha superado lo educativo: sindicatos y partidos de izquierda se han sumado, y el descontento se extiende a temas como el costo de vida, la vivienda y la justicia social. La policía ha sido cuestionada por su represión, lo que ha generado una crisis de legitimidad adicional. El gobierno, con elecciones presidenciales programadas para abril de 2027, enfrenta una difícil ecuación: satisfacer demandas estructurales sin erosionar aún más su credibilidad.
¿Qué sigue?
Los estudiantes han convocado a una nueva gran movilización para el martes 13, y los sindicatos han respaldado la lucha, lo que sugiere que la presión social se intensificará en los próximos días. Si el Ejecutivo no logra proponer soluciones concretas y creíbles, el descontento podría extenderse a otros sectores y comprometer aún más su proyecto político a menos de dos años de las elecciones. La situación francesa, en todo caso, sirve de alerta para países con sistemas educativos públicos debilitados y altos niveles de desigualdad.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.