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English (United Kingdom) Tras el anuncio de los resultados legislativos de abril, la gestión de Keiko Fujimori enfrenta serias dificultades para avanzar su agenda, especialmente con el rechazo de ocho comisiones del Congreso al pedido de facultades delegadas.
El Congreso, profundamente fragmentado tras las elecciones de abril, ha bloqueado el envío de facultades legislativas al Ejecutivo, pese a que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitó 66 medidas urgentes para impulsar su plan de gobierno. Según el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, durante un foro organizado por El Comercio y América Televisión esta semana, el proceso está estancado en la Comisión de Diputados de Juntos por el Perú (JP), encabezada por la legisladora Giannina Avendaño, quien superó sin dictaminar el plazo legal establecido. De los 12 grupos de trabajo en la Cámara Baja, ocho —entre ellos Economía, Energía y Minas, y Justicia— han rechazado el proyecto.
Dato clave: Ocho de las 12 comisiones de la Cámara de Diputados rechazaron el proyecto de delegación de facultades, que agrupa 66 medidas propuestas por el Ejecutivo.
El Ejecutivo dispone de herramientas constitucionales para actuar sin necesidad de autorización legislativa: los ministerios pueden emitir resoluciones administrativas, aprobar normas de menor rango y ejecutar partidas presupuestarias ya asignadas. No obstante, la falta de apoyo parlamentario limita su capacidad para impulsar reformas estructurales mediante decretos legislativos, lo que obliga al gobierno a depender de acuerdos frágiles en un hemiciclo dividido.
Contexto
La oposición interna en JP —específicamente entre los sectores liderados por Sánchez y Avendaño— ha impedido el avance del proyecto, a pesar de que la presidenta Fujimori lo considera prioritario. Esta postura refleja tensiones internas dentro de la coalición gobernante y evidencia la debilidad institucional del Ejecutivo para construir mayorías estables. Analystas políticos advierten que la inacción legislativa erosionará la credibilidad del gobierno ante la ciudadanía, especialmente en temas clave como la reactivación económica, la seguridad y la inversión.
¿Qué sigue?
El gobierno deberá decidir si reorienta sus propuestas hacia vías ejecutivas o renegocia con fuerzas parlamentarias externas a JP, lo que implicaría ceder en algunos puntos de su agenda. Sin una estrategia clara, el estancamiento se profundizará, afectando tanto la gobernabilidad como la confianza en las instituciones. La ventana para lograr avances significativos se cierra rápidamente antes del verano, cuando el ritmo legislativo se desacelera tradicionalmente.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.