¡Bernie, échale un ojo a la minería ilegal!

EE.UU. revocó visas a funcionarios peruanos y bolivianos por supuesta corrupción, en el marco del nuevo pacto «Escudo de las Américas». La medida abre una oportunidad para combatir conjuntamente la minería ilegal, especialmente el tráfico de oro fraudulento hacia Miami.

El Departamento de Estado de EE.UU. retiró la visa norteamericana a varios magistrados de Perú y Bolivia, entre ellos un juez que falló a favor de una empresa china operadora del puerto de Chancay. Esta decisión se enmarca en el recién firmado «Escudo de las Américas», una alianza para proteger los intereses estratégicos de Washington y sus aliados frente a amenazas a la gobernabilidad democrática.

La revocación de visas no es solo un acto simbólico: evidencia la preocupación de EE.UU. por la infiltración de redes criminales en instituciones clave. En el caso peruano, el juez afectado presidió una resolución favorable a una entidad china con presencia en Chancay, lo que según Washington podría estar vinculado a prácticas corruptas. Paralelamente, persiste la denuncia de que el oro extraído ilegalmente en la selva peruana se camufla bajo certificados del Registro Nacional de Inversión Privada en Minería (Reinfo), para luego ser exportado a Estados Unidos, especialmente a Miami, sin que las autoridades locales hayan podido cuantificar con precisión el volumen de esta circulación fraudulenta.

Contexto

Análisis: El «Escudo de las Américas» representa un giro estratégico en la política exterior de EE.UU. hacia la región, priorizando la seguridad jurídica y la integridad institucional. Para Perú, esto implica un desafío y una oportunidad: por un lado, la presión internacional exige mayor transparencia en el Poder Judicial y en la lucha contra la corrupción; por otro, la cooperación técnica y judicial con Washington podría fortalecer los mecanismos para desmantelar redes de minería ilegal. El embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, tiene un rol clave: su influencia puede orientar esfuerzos hacia la trazabilidad del oro y la identificación de empresarios con vínculos transnacionales que operan en la informalidad o ilegalidad minera.

¿Qué sigue?

La Alianza del Pacífico y los canales bilaterales deben ser utilizados para impulsar una mesa técnica conjunta entre Perú y EE.UU. que investigue las rutas de exportación de oro sin certificación verificable. Si se sigue el rastro financiero —como sugiere la experiencia del caso Ferrari—, se podrían identificar a los beneficiarios finales de esta economía subterránea. La minería ilegal no es solo un problema ambiental o fiscal: es un desafío de seguridad nacional y regional que requiere acción coordinada, transparencia y voluntad política.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.