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English (United Kingdom) La reunión simbólica entre Delcy Rodríguez y Donald Trump en la ONU generó críticas por la legitimación tácita a la dictadura venezolana, mientras la derecha regional calla ante la represión a la oposición democrática.
La Asamblea General de la ONU celebrada la semana pasada en Nueva York fue escenario de una escena inusual: la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el expresidente estadounidense Donald Trump intercambiaron sonrisas y halagos, incluido el de Trump al calificarla como “fantástica”. En paralelo, la líder opositora María Corina Machado cumplió su séptimo intento fallido por regresar a Venezuela, tras ver frustrados sus tres últimos trámites en los últimos días. Un informe reciente de la ONU confirma que el aparato represivo del régimen sigue intacto, con más de 400 presos políticos aún encarcelados y prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias.
Dato clave: Según un análisis de InSight Crime, el cambio de mando en Venezuela no ha alterado significativamente el tráfico de drogas, pues persisten los actores clave del régimen en los circuitos de poder.
La reacción de los líderes de derecha latinoamericana ha sido notable por su silencio o ambigüedad. Aunque en 2024 muchos condenaron el fraude electoral y apoyaron públicamente a Edmundo González —como hizo el entonces presidente panameño José Raúl Mulino—, ahora evitan mencionar a Machado o delegan en EE.UU. la responsabilidad de impulsar una transición democrática. Mulino, por ejemplo, declaró que la issue de la entrada de Machado a Venezuela “es un problema de los venezolanos, no mío”, evidenciando una postura de distanciamiento. Mientras, el gobierno brasileño de Lula da Silva, que antes se abstuvo de condenar abiertamente el fraude chavista, ahora insiste en que “el pueblo venezolano merece definir su propio destino”, sin presionar concretamente por la liberación de presos políticos ni por sanciones selectivas a responsables de violaciones de derechos humanos.
Contexto
Análisis: Implicaciones, reacciones, situación del sector.
La hipocresía percibida en la reacción regional pone en jaque la credibilidad de los gobiernos de centro-derecha, especialmente tras sus propios discursos contra el socialismo. La continuidad del régimen en sus estructuras represivas —a pesar de liberaciones simbólicas—, sumada a la impunidad en casos de corrupción y narcotráfico, refuerza la percepción de que la región tolera una transición formal sin cambios reales. Esto no solo afecta la cohesión democrática regional, sino que envía una señal peligrosa a otros regímenes autoritarios: si las potencias y los aliados regionales no exigen reformas estructurales, la dictadura se consolidará sin consecuencias.
¿Qué sigue?
La presión diplomática debe traducirse en acciones concretas: sanciones dirigidas a responsables de violaciones de derechos humanos, apoyo a mecanismos de justicia transicional y exigencia de acceso a organismos internacionales de derechos humanos. Si la derecha regional mantiene su silencio, corre el riesgo de perder legitimidad ante sus propios ciudadanos, especialmente en países donde la solidaridad con Venezuela sigue siendo un valor central.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.