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English (United Kingdom) La Comisión de Constitución enfrentó un estancamiento técnico al intentar definir qué significa “desnaturalizar” una propuesta legislativa, lo que evidencia la necesidad de establecer límites prácticos al poder del Senado en el marco de facultades delegadas.
En el debate sobre el dictamen de facultades delegadas, la izquierda propuso previamente acordar una definición rigurosa de los límites del Senado al modificar iniciativas de la Cámara de Diputados, una exigencia que derivó en una discusión abstracta y potencialmente interminable. El constitucionalista Víctor García Toma y el senador Jorge Gavidia coincidieron en que sí es legítimo incorporar puntos adicionales cuando mantienen “conexión material” con la propuesta original y la mejoran en eficacia, sin que ello constituya una desnaturalización.
Dato clave: La Constitución peruana (arts. 163 y 165) permite a las Fuerzas Armadas actuar en el orden interno bajo control civil del Consejo de Ministros, lo que descarta una desnaturalización del rol constitucional al ampliar la categoría de “grupo hostil”.
La polémica surgió al proponerse ampliar la definición de grupos hostiles —aquellos que desafían el Estado de derecho, controlan territorios y usan armamento pesado—, lo que generó temores sobre la militarización del orden interno. Sin embargo, el marco jurídico vigente ya contempla esta posibilidad, siempre bajo supervisión del Ejecutivo. García Toma y Gavidia argumentaron que complementar una iniciativa legislativa no altera su esencia, sino que la perfecciona, al igual que un organismo biológico requiere de partes interdependientes para funcionar plenamente.
Contexto
El término “desnaturalizar” carece de precisión técnica en el derecho constitucional y, si se aplicara con rigidez, paralizaría el proceso legislativo. Por ejemplo, si la Cámara aprueba una norma con elementos populistas, el Senado —como contrapeso— debería poder corregirlas, salvo que se considere que el populismo forma parte de su “naturaleza”, lo que llevaría a una paradoja absurda. En la práctica, la jurisprudencia y los acuerdos interinstitucionales irán definiendo con mayor claridad qué modificaciones son aceptables.
¿Qué sigue?
El Senado continuará ejerciendo su función de revisión sin un marco normativo exhaustivo, lo que exigirá mayor madurez institucional y diálogo técnico entre bancadas. La solución no es congelar el debate en definiciones filosóficas, sino construir precedentes prácticos que garanticen eficacia legislativa sin menoscabar el equilibrio de poderes.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.