Discapacidad y gobiernos locales: urge rendición de cuentas

El Conadis reporta que apenas 833 de 1.917 entidades locales presentaron a tiempo su rendición de cuentas en 2025, dejando en evidencia una grave brecha en transparencia hacia las personas con discapacidad.

Según el informe nacional de rendición de cuentas del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), correspondiente al ejercicio 2025, solo 833 de las 1.917 entidades sujetas a la Ley N.º 32139 —que engloba 26 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1.695 municipalidades distritales— cumplieron con presentar la justificación de sus gastos en el plazo legal establecido. Otros 73 lo hicieron fuera de tiempo, mientras que 1.011 no presentaron rendición alguna, lo que genera una ausencia crítica de información sobre cómo se destinan los recursos destinados a políticas inclusivas.

Este panorama refleja una persistente debilidad institucional en la gestión fiscal y de políticas públicas inclusivas a nivel descentralizado. La Ley N.º 32139, vigente desde 2024, exige a todas las entidades del Estado rendir cuentas sobre sus acciones y gastos en favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, la falta de cumplimiento no solo obstaculiza el monitoreo ciudadano, sino que pone en riesgo la eficacia de los programas y la confianza en las instituciones locales. La ausencia de mecanismos efectivos de sanción y seguimiento agrava la situación, permitiendo que se repitan patrones de desatención en la gestión pública.

Contexto

La situación revela una fractura entre el marco normativo y su implementación práctica. Aunque el Conadis ha fortalecido sus herramientas de fiscalización en los últimos años, la capacidad técnica y administrativa de muchas municipalidades distritales y regionales para cumplir con los requerimientos de transparencia sigue siendo limitada. Organismos de control han señalado que la falta de capacitación, recursos humanos especializados y sistemas de información adecuados son factores clave en el incumplimiento. Además, la rendición de cuentas no es solo un trámite burocrático: es un mecanismo esencial para garantizar que los recursos se destinen a acciones concretas —como accesibilidad urbana, inclusión educativa o empleo laboral— que mejoren la calidad de vida de más de 1.2 millones de personas con discapacidad en el país.

¿Qué sigue?

Con los procesos electorales regionales y municipales recién concluidos, se abren oportunidades para que las nuevas autoridades asuman el compromiso de rendición de cuentas como pilar de gestión inclusiva. El Conadis debe fortalecer sus mecanismos de supervisión y aplicar sanciones administrativas cuando corresponda, mientras el Estado debe invertir en capacitación técnica descentralizada. La ciudadanía, por su parte, debe exigir transparencia como derecho fundamental, no como concesión.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.