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English (United Kingdom) El Ejecutivo perdió 46 de las 66 propuestas legislativas solicitadas al Congreso, tras un mal cálculo estratégico en prioridades y comunicación.
El Gobierno envió al Congreso 66 medidas en ocho materias con un plazo de 120 días para su aprobación; la Cámara de Diputados devolvió solo 20 normas, concentradas en seguridad ciudadana y El Niño, con un plazo reducido a 90 días. La falta de consenso con la oposición —solo Renovación Popular apoyó una agenda amplia— y una mala selección de prioridades —economía quedó en segundo plano— impidieron avanzar en reformas clave.
Dato clave: De las 66 propuestas iniciales, solo 20 fueron aprobadas por Diputados: 46 medidas quedaron fuera, entre ellas reformas en crédito, competencia, inversión y modernización del Estado.
El análisis señala que el Ejecutivo cometió tres errores estratégicos: delegó al Legislativo la elección de las prioridades al presentar ocho materias sin jerarquías claras; no logró posicionar la agenda económica como eje central, lo que permitió que quedara excluida tras el recorte; y enfrentó una oposición interna en el Senado, con declaraciones como la de Martha Moyano —“Ser autoritario no es tan malo”— que fortalecieron la narrativa crítica contra el gobierno. Además, los medios no profundizaron en los contenidos técnicos de las reformas, dejando a los votantes con una percepción sesgada que favoreció la oposición a medidas económicas.
Contexto
Las medidas descartadas tenían impacto directo en la inversión y la formalización económica: se buscaba eliminar topes a tasas de interés que limitan el acceso al crédito formal, fortalecer al Indecopi para que sus resoluciones sean ejecutables, actualizar marcos legales de concesiones eléctricas y mineras, y simplificar trámites para las microempresas mediante reformas a las SACS. También se propuso reformar el régimen de responsabilidad funcional para evitar la parálisis estatal y crear un bono de productividad que no infle la remuneración computable. El primer ministro Luis Galarreta reconoció posteriormente que se descartaron acciones para formalizar a las mypes, simplificar trámites y mejorar servicios públicos, pero no hubo esfuerzo previo para defenderlas con fuerza.
¿Qué sigue?
Las 46 medidas perdidas deberán retomarse mediante iniciativas legislativas ordinarias o un nuevo pedido de facultades, lo que retrasará su implementación al menos un año. El Ejecutivo ahora enfrenta el desafío de reconstruir consensos y priorizar con claridad, sin la urgencia que otorga el marco de facultades. La falta de avance en reformas estructurales pone en riesgo la atracción de inversión y la modernización del Estado.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.