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English (United Kingdom) El Congreso rechazó 46 de las 66 facultades solicitadas por el gobierno, incluyendo temas críticos como seguridad ciudadana y reforma del Estado, rompiendo una tradición democrática de delegación legislativa.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó únicamente 20 de las 66 facultades solicitadas por el Ejecutivo, con rechazos contundentes en áreas clave: en seguridad, no se avalaron propuestas para fortalecer la inteligencia operativa de la DINI, la participación temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad penitenciaria ni la declaración de organizaciones criminales como terroristas. Tampoco se autorizó ninguna delegación en formalización, reforma del Estado ni facilitación de la inversión privada, pese a los altos precios de los minerales.
Dato clave: Solo el 30,3 % de las facultades solicitadas (20 de 66) fueron aprobadas, mientras que en gobiernos anteriores como los de Kuczynski y Vizcarra se alcanzaron tasas de aprobación de 92 % y 93 %, respectivamente.
Desde la Constitución de 1979, la delegación de facultades legislativas ha sido una herramienta habitual para agilizar reformas estructurales, incluso sin mayoría parlamentaria. Anteriores administraciones la usaron para temas como reformas económicas o administrativas, no para crisis inmediatas como la inseguridad. Esta vez, la oposición ha obstaculizado sistemáticamente las propuestas, incluso negando mejoras en infraestructura policial, formación, equipamiento, criminalística e interoperabilidad, algo sin precedentes en la historia reciente.
Contexto
Análisis: La negativa congénita a delegar facultades refleja una estrategia partidista que prioriza el corto plazo electoral sobre la gobernabilidad. Al bloquear medidas urgentes en seguridad —con tasas de robo y extorsión en alza— y en formalización económica —con miles de microempresas fuera del sistema—, el Congreso profundiza la parálisis institucional. La oposición justifica su postura con críticas a la concentración de poder, pero ignora que dichas facultades son temporales, revocables y siempre sujetas a control judicial.
¿Qué sigue?
El dictamen regresará al Pleno tras una conferencia entre comisiones de Constitución de Diputados y Senadores para definir límites a la modificación del texto. Si no se logra un consenso técnico, el obstruccionismo se institucionalizará, afectando la capacidad del Estado para responder a crisis complejas. La ciudadanía, cansada de la inseguridad y la informalidad, exigirá responsabilidad, no estrategias electorales a costa del país.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.