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English (United Kingdom) El rechazo unánime de la oposición al pedido de facultades legislativas del gobierno evidencia una postura ideológica que prioriza el antifujimorismo sobre el interés nacional.
Tras la presentación del decreto de urgencia por parte del Ejecutivo, el Congreso rechazó en bloque el pedido, con Juntos por el Perú incluso proponiendo su rechazo total —una acción sin precedentes—, mientras Fuerza Popular, pese a ser el grupo más numeroso, carece de mayoría absoluta y no logró articular una estrategia coordinada.
Dato clave: La oposición recortó casi en su totalidad las materias solicitadas, incluyendo temas de puro sentido común como la supervisión de cobros administrativos y la reorganización estatal.
El debate parlamentario careció de argumentos técnicos y se centró en prejuicios políticos. Se rechazaron propuestas técnicas como la modernización del sector eléctrico, la gestión del agua, la agilización de permisos para infraestructura y la promoción de inversión en hidrocarburos —a pesar de que meses atrás la misma oposición exigía mayor seguridad energética tras el incidente en el gasoducto de Camisea. La intransigencia se explica por un sesgo ideológico que impide evaluar las iniciativas por sus méritos, mientras que el gobierno, al no anticipar la oposición sectaria, perdió la oportunidad de avanzar con decretos y proyectos puntuales.
Contexto
Este episodio refleja la profunda fragmentación del Congreso y la incapacidad del oficialismo para construir alianzas mínimas. La falta de una estrategia comunicacional y técnica por parte del gobierno, sumada al sectarismo de la oposición —especialmente de Juntos por el Perú y sectores de Fuerza Popular—, ha paralizado la agenda legislativa esencial para el desarrollo. La ausencia de urgencia legislativa, invocada como pretexto para excluir temas, no tiene sustento constitucional ni legal, pero sí sirvió como excusa para bloquear iniciaciones de alto impacto.
¿Qué sigue?
El gobierno debería replantear su estrategia: priorizar decretos de urgencia en áreas técnicas y presentar proyectos puntuales al Congreso, evitando nuevos pedidos de facultades en este contexto. No obstante, sin una voluntad mínima de diálogo y evaluación técnica, es poco probable que la oposición cambie su postura. El país sigue en riesgo de estancamiento legislativo mientras la agenda de desarrollo se pospone.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.