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Ciclo de violencia escolar1Acoso silencioso2Señales ignoradas3Intervención tardía4Gravedad extrema5Replicación16 550 denuncias (ene-sep)

El asesinato de Milán T. Q., de 13 años, en Huancayo, expone la gravedad de la violencia escolar y cuestiona enfoques superficiales como el corte de pelo, al tiempo que exige políticas integrales que aborden sus causas profundas.

El 21 de agosto de este año, Milán T. Q., estudiante del colegio Santa Isabel de Huancayo, fue asesinado a puñaladas por compañeros tras una supuesta despedida falsa, en medio de un historial de acoso. Entre enero y septiembre se reportaron 16 550 denuncias de violencia en establecimientos educativos. Paralelamente, se investiga un caso de agresión sexual grupal contra un adolescente de 15 años en Talara, con 10 involucrados, y en el Liceo Naval se acumulan más de 80 denuncias en dos años.

Dato clave: Una auditoría de la Contraloría reveló que 135 de los 190 colegios públicos supervisados en Lima Metropolitana no cuentan con psicólogo.

La discusión actual, impulsada por la presidenta Keiko Fujimori, se ha centrado en medidas simbólicas como el corte de cabello o la supuesta “ideología” en textos escolares. Sin embargo, expertos y organizaciones como Salud con Lupa advierten que la violencia escolar tiene raíces múltiples: reproducción de patrones violentos en el entorno familiar, cultura machista, ausencia de educación sexual integral, déficit de servicios de salud mental, falta de capacitación docente, protocolos inadecuados y, sobre todo, una respuesta institucional insuficiente. La baja capacidad de detección temprana y atención oportuna agrava los casos, como lo demuestran los datos de Apurímac, donde 30 de 32 instituciones inspeccionadas carecían de psicólogo.

Contexto

Las reacciones oficiales han sido tardías y genéricas: cuando se le preguntó por el caso de Talara, la presidenta evadió la pregunta y remitió al ministro Chang, mientras que su propuesta de “recorte de ideología” no responde a la complejidad del fenómeno. El sector educativo enfrenta una crisis de confianza: sin recursos humanos especializados, sin marcos normativos claros para la prevención y sanción, y sin voluntad política para asumir la violencia como una emergencia de salud pública, las medidas simbólicas solo sirven para distraer del verdadero desafío.

¿Qué sigue?

Es urgente que el Estado implemente un plan integral con dotación de psicólogos en todas las instituciones, capacitación obligatoria en manejo de conflictos y violencia de género, y revisión de protocolos de denuncia y protección. La discusión debe pasar de lo estético a lo estructural: no basta con cortar el cabello si no se corta la impunidad ni se reconstruye la cultura escolar.


📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.