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English (United Kingdom) El Minem propone una nueva norma para formalizar la pequeña y artesanal minería, con plazo hasta 2026 para concluir el Reinfo, pero expertos advierten sobre riesgos de repetir errores pasados si no se fortalece la fiscalización y la responsabilidad penal.
El Ministerio de Energía y Minas presentó una propuesta legislativa que busca establecer un marco permanente para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, con una fecha límite clara: el cierre definitivo del Registro Nacional de Formalización Minera (Reinfo) para diciembre de 2026, y un régimen transitorio extendido hasta 2028. La iniciativa incluye medidas como una casilla electrónica única para notificaciones, simplificación de trámites y mayor trazabilidad del mineral.
Dato clave: La propuesta mantiene un régimen transitorio hasta diciembre de 2028, lo que genera dudas sobre si se evitará nuevamente la prolongación de la informalidad.
Tras más de una década de intentos fallidos por regular este sector —marcado por la informalidad, conflictos sociales y daños ambientales—, la propuesta surge como una respuesta a la urgente necesidad de reglas claras, proporcionales y exigibles. Sin embargo, el análisis revela que los mayores desafíos no están en el diseño teórico, sino en su implementación: la creación de un nuevo organismo fiscalizador (Formape), la prevención del ingreso de oro ilegal al circuito formal y, sobre todo, la ausencia de mecanismos efectivos para sancionar delitos ambientales o laborales incluso tras la inscripción en procesos de formalización.
Contexto
La minería artesanal y pequeña representa cerca del 15% de la producción minera nacional, pero más del 70% de sus operaciones operan en la informalidad. El Reinfo, creado en 2010, ha sido criticado por su lentitud, la falta de sanciones reales y la perpetuación de condiciones precarias. En este escenario, la propuesta busca equilibrar la accesibilidad con la responsabilidad, pero enfrenta críticas por no abordar con contundencia la corrupción en la cadena de comercialización y por proponer una nueva entidad fiscalizadora sin definir claramente su autonomía, recursos y coordinación con entidades como la Sunafil o la Autoridad Nacional de Servicios Civiles (Sernanp).
¿Qué sigue?
La propuesta ingresará al Congreso para su debate en comisiones, donde se espera que se escuchen opiniones técnicas y sociales. Su éxito dependerá menos de la cantidad de inscritos y más de cuántos mineros operen de forma efectiva y sostenible bajo la ley. La historia reciente exige prudencia: sin fiscalización real, responsabilidad penal clara y control en los puntos de primera compra, cualquier nueva iniciativa corre el riesgo de convertirse en el próximo Reinfo.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.