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English (United Kingdom) La justicia peruana mantiene bajo cautiverio a tres presuntos autores del crimen de la excandidata Susy Aponte, mientras se exige corrección ética en contrataciones legislativas y reactivación urgente de obras viales paralizadas por más de S/5.000 millones.
El Poder Judicial resolvió el martes 6 de octubre una prisión preventiva de 18 meses contra tres investigados por el asesinato de Susy Aponte, alias “China Polo”, excandidata regional de Áncash y periodista. La fiscalía presentó pruebas financieras que vinculan a los imputados con el pago y financiamiento del crimen. Paralelamente, el senador Serafín Andrés Luján enfrenta críticas por haber contratado como técnico a un condenado por usurpación agravada con violencia contra una mujer de 76 años, usando recursos públicos. A su vez, el Instituto Peruano de Economía reveló que más de S/5.000 millones están invertidos en obras viales detenidas o abandonadas, lo que afecta el acceso a servicios básicos en zonas rurales.
Dato clave: Más de S/5.000 millones en obras viales permanecen paralizadas o abandonadas en el país, según el informe del IPE.
El caso de Susy Aponte no solo evidencia la persistencia de la violencia política y criminal en el Perú, sino también la necesidad de desarticular redes de encubrimiento. La fiscalía ya ha identificado a los ejecutores y financieros, pero aún falta esclarecer el rol de los autores intelectuales, lo que pone en riesgo la integridad del proceso judicial. Por otro lado, la contratación de un condenado por el despacho parlamentario de Luján refleja una grave falla en los criterios éticos de selección de personal en el Legislativo, especialmente cuando se usan fondos públicos. En cuanto a las obras viales, la parálisis se debe a deficiencias técnicas, falta de supervisión y corrupción, lo que agrava la desigualdad territorial y retrasa el desarrollo regional.
Contexto
Las obras viales paralizadas representan una herencia de gestión ineficiente y corrupción en los últimos gobiernos regionales y locales. El IPE destaca que proyectos como carreteras, puentes y sistemas de agua potable no solo detienen el progreso, sino que incrementan costos por intereses, mantenimiento y reintegros. En el ámbito legislativo, este caso reabre el debate sobre los estándares éticos en la contratación pública, especialmente tras escándalos recientes en otras instituciones. En tanto, el crimen de China Polo se enmarca en un contexto de impunidad estructural contra mujeres políticas y periodistas, lo que exige respuestas contundentes del Estado.
¿Qué sigue?
Se espera que la Fiscalía especializada en feminicidios y crímenes contra líderes sociales intensifique las investigaciones para identificar a los autores intelectuales y proteger a los testigos. En el Congreso, la Comisión de Ética debe pronunciarse sobre la contratación de Luján y exigir su corrección inmediata. Finalmente, el Ejecutivo y los gobiernos regionales deben activar mecanismos técnicos y de control para reactivar las obras viales, bajo un plan nacional de transparencia y rendición de cuentas.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.