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English (United Kingdom) El caos en el concierto de Robbie Williams reveló la vulnerabilidad extrema de la Costa Verde ante un desastre real, poniendo en evidencia la inacción estatal frente a riesgos predecibles.
Tras el bloqueo del puente Belén, cientos de asistentes escalaron los acantilados de la Costa Verde para evacuar el Arena 1, una escena que simula lo que ocurriría ante un sismo mayor de 8,0 Mw con tsunami. Según estudios del Instituto Geofísico del Perú, Lima enfrenta una probabilidad del 30% de un sismo de magnitud 8,8 en los próximos 50 años, con la primera ola llegando a la costa en tan solo 12 a 15 minutos.
Dato clave: El Proyecto de Reforzamiento de los Acantilados, presentado en 2019, propone rampas de evacuación cada 400 metros y anclajes estructurales, pero sigue sin ejecutarse.
La escena del concierto no fue un incidente aislado, sino un espejo de una falla sistémica: la ausencia de infraestructura de evacuación en zonas de alto riesgo. Mientras la justicia peruana sanciona con firmeza a adultos por no actuar ante agresiones en contextos escolares, ignora la gravedad de la omisión estatal frente a riesgos geológicos documentados. En el derecho internacional, la jurisprudencia es clara: en Italia tras el terremoto de L’Aquila, en Japón tras el tsunami de 2011 y en España por la tragedia de Biescas, funcionarios fueron condenados penalmente por negligencia en la prevención.
Contexto
La Costa Verde alberga, en días normales, más de 150.000 bañistas y es escenario de eventos masivos como el mencionado concierto. Sin embargo, carece de rutas de evacuación seguras hacia zonas elevadas. La falta de coordinación entre el Ministerio de Transportes, la Municipalidad de Lima y el Consejo Nacional de Recursos Hídricos ha postergado por años el proyecto de reforzamiento. Expertos en gestión de riesgos advierten que cada mes de demora incrementa exponencialmente el número de víctimas potenciales en una catástrofe real.
¿Qué sigue?
Es urgente que el Estado declare la prioridad nacional de la infraestructura de evacuación en la Costa Verde y asigne recursos en el presupuesto 2025. La sociedad civil, los profesionales del derecho y la comunidad científica deben exigir responsabilidades administrativas y penales a quienes, con conocimiento de causa, no actúan. La Constitución establece que la defensa de la persona humana es el fin supremo del Estado; no actuar frente a un desastre previsible no es omisión, es negligencia criminal.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.