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English (United Kingdom) El Perú enfrenta una creciente vulnerabilidad energética por su dependencia de importaciones y la lentitud estatal para reponer reservas, lo que pone en jaque la sostenibilidad del modelo de concesiones.
Actualmente, el petróleo y sus derivados —en su mayoría importados— representan el 45% del consumo energético nacional, mientras que el gas natural, de producción local, aporta el 34%. Según estimaciones, las reservas actuales de gas solo cubrirían entre 13 y 14 años al ritmo actual de consumo, salvo que se impulse una política de exploración y reposición. Un potencial significativo se encuentra en la cuenca de Madre de Dios, donde se estiman recursos por 20,4 trilliones de pies cúbicos (TCF) de gas.
Dato clave: El proceso para firmar un contrato de concesión en energía tarda entre siete y ocho años, retrasando inversiones clave en exploración y desarrollo.
El modelo peruano de inversión, basado en concesiones y asociaciones público-privadas, ha logrado avances notables pese a los escándalos como el de Odebrecht. No obstante, se enfrenta a una parálisis administrativa: la permisología excesiva, los trámites burocráticos y la lentitud estatal obstaculizan especialmente la fase de exploración («upstream»). Recientemente, algunos expertos cuestionan el uso de adendas contractuales, acusándolas de ser menos transparentes y potencialmente propensas a la corrupción. Sin embargo, el Estado tiene la facultad legal de definir los criterios técnicos y económicos para elegir entre licitaciones abiertas o adendas, siempre bajo supervisión de entidades fiscalizadoras como la Contraloría General de la República.
Contexto
La discusión sobre la eficacia de las adendas versus licitaciones refleja una mayor tensión en el sector: por un lado, la necesidad urgente de garantizar seguridad energética; por otro, la exigencia de transparencia y eficiencia en la gestión pública. Aunque las licitaciones permiten descubrir precios competitivos, su rigidez y duración pueden ser contraproducentes en contextos de crisis o alta volatilidad. Las adendas, cuando están debidamente fundamentadas técnicamente y sometidas a fiscalización rigurosa, pueden ser una herramienta legítima para agilizar soluciones. El verdadero desafío radica en reducir la maraña tramitológica y fortalecer la capacidad técnica del Estado para tomar decisiones oportunas y justificadas.
¿Qué sigue?
Se espera que el Ministerio de Energía y Minas impulse una revisión normativa para agilizar los procesos de exploración y contratación, priorizando criterios técnicos sobre plazos políticos. Asimismo, se aboga por una mayor coordinación interinstitucional para equilibrar transparencia y eficiencia. La decisión que se tome en los próximos meses será clave para definir si el Perú logra fortalecer su seguridad energética o profundiza su dependencia externa.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.