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English (United Kingdom) Tras las elecciones municipales, persiste la negligencia en seguridad vial: en Lima, los accidentes de tránsito causaron 683 muertes y 22.826 lesionados en 2023, cifras que rivalizan con los homicidios (837).
El 2 de junio de 2024, los peruanos acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades locales, entre ellas el alcalde metropolitano y los 43 alcaldes distritales de la capital. No obstante, mientras los crímenes violentos ocupan portadas, los siniestros viales —una verdadera epidemia silenciosa— siguen sin generar compromisos concretos por parte de los candidatos. Según datos del Observatorio de Seguridad Nacional Vial del MTC, en la ciudad de Lima se registraron 683 fallecidos y 22.826 heridos por accidentes de tránsito durante 2023, mientras que el Sistema Informático Nacional de Defunciones consignó 837 asesinatos en el mismo periodo y área geográfica.
Dato clave: Las muertes por accidentes viales representan el 45% del total de homicidios violentos en Lima, superando ampliamente las 600 víctimas anuales.
La responsabilidad en materia de tránsito urbano recae en los gobiernos locales, según la Ley 27972, artículo 81, que les encomienda normar, organizar y controlar el flujo vehicular y peatonal, así como mantener señalización y semáforos. Sin embargo, la falta de voluntad política y la baja prioridad asignada a esta problemática han impedido avances significativos. La imprudencia al volante, combinada con infraestructura deficiente y escasa fiscalización, convierte a las calles en escenarios de alto riesgo, especialmente para peatones y motociclistas.
Contexto
Aunque el Metro de Lima avanza lentamente, la seguridad vial no puede esperar a nuevas infraestructuras. Los nuevos alcaldes —tanto metropolitano como distritales— tienen a su alcance herramientas legales y técnicas para implementar acciones inmediatas: campañas de sensibilización, reforzamiento del control policial en zonas críticas, reparación de puentes peatonales y señalización deteriorada, y fiscalización rigurosa de exceso de velocidad y uso de dispositivos móviles al conducir. La colaboración interinstitucional con la PNP y el MTC es esencial para que estas medidas tengan impacto real.
¿Qué sigue?
Los nuevos mandatarios locales deben transformar la promesa de una “ciudad segura” en políticas concretas de seguridad vial, priorizando la vida por encima de la inmediatez electoral. Sin una estrategia integral y sostenida, las calles seguirán siendo escenario de tragedias evitables. El reto no es técnico, sino político: ¿tendrán el coraje de actuar cuando aún no hay una crisis mediática?
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.