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English (United Kingdom) El caso de activistas LGBTIQ+ procesados en Cusco por su participación en el Orgullo con performances drag pone en evidencia una tentativa de criminalizar expresiones culturales arraigadas en la diversidad andina.
La Fiscalía Provincial Especializada en Trata de Personas del Cusco investiga a personas por supuestos delitos contra la moral pública, imputando hasta seis años de prisión por el uso de trajes llamativos, corporalidades feminizadas y prácticas drag durante las marchas del Orgullo en la ciudad. Este enfoque judicial se basa en una interpretación restrictiva de las costumbres locales que ignora su profundas raíces históricas.
Dato clave: Las sanciones penales podrían llegar a los seis años de cárcel bajo la acusación de atentar contra la moral pública.
La historia de género y sexualidad en los Andes no se ajusta al relato homofóbico que presenta a la diversidad como una importación extranjera. Antes de la colonización, existían figuras como los qariwarmis, huaussas, keussas, warmiawqas e ipas, junto con prácticas rituales asociadas a la Chuqui Chinchay, todas ellas formas autóctonas de habitar la diversidad sexogenérica. Estas tradiciones sobrevivieron al sincretismo religioso y persisten hoy en festividades populares del sur, donde danzas como las q’ewes y huaylacas desafían rígidamente los códigos binarios de género. La reciente exposición “Fiesta Popular Marica. Miradas Cruzadas entre Perú y Bolivia”, en la Galería del Centro Bartolomé de las Casas en Cusco, reafirma esta realidad mediante investigaciones que vinculan a Cusco, Arequipa, Huancayo y La Paz en una red de resistencia cultural.
Contexto
Análisis: El proceso judicial refleja la influencia creciente de discursos conservadores internacionales, especialmente estadounidenses, que vinculan el arte drag y los derechos LGBTIQ+ con una supuesta destrucción de los valores familiares y la moralidad pública. Sin embargo, quienes ejercen activismo y arte en el Cusco no imponen una agenda externa, sino que reivindican su pertenencia al tejido local: hablan quechua, incorporan ritmos andinos, y se inscriben en memorias colectivas que el Estado y la historia oficial intentaron borrar. Esta disputa no es solo legal, sino simbólica: se trata de quién decide qué es “tradicional” y quién tiene derecho a ocupar el espacio público.
¿Qué sigue?
La defensa jurídica y académica de estos casos dependerá de la capacidad de los tribunales para reconocer el patrimonio cultural andino más allá de prejuicios morales. Se espera que la comunidad académica y los colectivos culturales sigan generando evidencia histórica y testimonial para contrarrestar los argumentos fiscales. Mientras tanto, la sociedad cusqueña se divide entre quienes defienden la diversidad como parte de su identidad y quienes temen una supuesta “invasión ideológica”.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.