Uno de cada siete

Un 14% de los candidatos a cargos regionales y municipales tienen sentencias penales pendientes, lo que plantea serias dudas sobre su idoneidad para ejercer funciones de gestión pública.

Según el análisis de El Comercio, al menos 27 postulantes a gobernaciones y municipalidades acumulan condenas por delitos como colusión, cohecho, negociación incompatible, peculado y usurpación. En Huánuco, 4 de 13 candidatos presentan este antecedente; en Arequipa, 4 de 18; y en Ucayali, 4 de 16. Además, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios y Moquegua tienen 3 casos cada uno. Estas cifras se registran pese a que la Constitución, en su artículo 34-A, prohíbe expresamente la postulación de personas con sentencias condenatorias en primera instancia.

La norma constitucional establece una prohibición clara, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha permitido excepciones, especialmente cuando el afectado ha obtenido rehabilitación. No obstante, la presencia de individuos con historial de malversación o abuso de poder en procesos electorales genera preocupación entre expertos en ética pública y organizaciones de control ciudadano. Estos casos no solo cuestionan la integridad del sistema político, sino que también ponen en riesgo la gestión eficiente y transparente de recursos públicos, especialmente en regiones con altos índices de pobreza y necesidades urgentes de desarrollo.

Contexto

La normativa electoral peruana intenta equilibrar el principio de presunción de inocencia con la protección del interés público. Sin embargo, la interpretación flexible del JNE sobre la inhabilidad constitucional ha generado críticas por considerarse una laguna que facilita la entrada de figuras con antecedentes cuestionables. Expertos señalan que esto debilita la confianza institucional y perpetúa prácticas clientelares en zonas donde la supervisión ciudadana es limitada. La sociedad civil exige mayor transparencia en la verificación de antecedentes y una postura más rigurosa por parte de los organismos electorales.

¿Qué sigue?

El JNE deberá reevaluar sus criterios para evitar que antecedentes penales graves se conviertan en barreras solo simbólicas. Los partidos políticos también tienen la responsabilidad de seleccionar con mayor rigor a sus candidatos. Para las elecciones regionales y municipales del 2026, los ciudadanos deben exigir mayor claridad sobre el historial de quienes aspiran a gobernar, ya que la calidad de la gestión pública depende directamente de la integridad de quienes la ejercen.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.