Argentina impulsa un programa de nacionalidad por inversión con aportes desde US$ 350,000, mientras Perú enfrenta barreras constitucionales para replicar el modelo.
El gobierno argentino, liderado por el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, presentó el 2 de octubre su nuevo esquema de “ciudadanía por inversión” durante la Argentina Week en París. La iniciativa ofrece dos opciones: un aporte no reembolsable de US$ 350,000 al Tesoro Nacional o una inversión de US$ 800,000 en títulos públicos específicos. El programa entrará en vigencia en el cuarto trimestre de 2026 como parte de la estrategia del presidente Javier Milei para atraer divisas y capitales extranjeros.
Dato clave: En Perú, la Constitución exige residencia efectiva para acceder a la nacionalidad, lo que impide un “pasaporte dorado” inmediato sin cumplir con el requisito migratorio.
La experta Amable Vásquez, asociada de PPU, explicó que el artículo 52 de la Constitución peruana vincula la adquisición de la nacionalidad con la residencia en el país, lo que descarta una aplicación directa del modelo argentino. Según el artículo 53, solo la ley puede regular los modos de obtención de la nacionalidad, por lo que una reforma constitucional sería necesaria para flexibilizar el requisito de residencia. Además, se requeriría una modificación a la Ley N° 26574, que regula la nacionalidad peruana. La normativa vigente exige cinco años de residencia continua, ingresos mínimos de 10 UIT y tributación formal. En cambio, el Decreto Legislativo N° 1350 sí permite la residencia por inversión mediante la Calidad Migratoria de Inversionista, con un aporte mínimo de S/ 500,000, aunque no otorga nacionalidad directamente.
Contexto
Este anuncio argentino se enmarca en una tendencia global de países que buscan atraer inversiones mediante programas de residencia o ciudadanía por inversión. En América Latina, Perú compite con naciones como Paraguay y Colombia que también han modernizado sus marcos migratorios. Sin embargo, la rigidez del sistema peruano, arraigado en principios de arrajo y integración social, contrasta con enfoques más liberales. Expertos señalan que, si bien el país necesita capital extranjero para impulsar el desarrollo, cualquier modificación debe equilibrar atractividad con salvaguardas antidiscriminatorias y control migratorio.
¿Qué sigue?
En Perú, se abren dos caminos posibles: una propuesta legislativa moderada que acelere la naturalización tras residencia por inversión —sin eliminar controles—, o mantener el statu quo. La discusión pública y el análisis técnico en comisiones del Congreso serán clave para definir si se busca una reforma profunda o una adaptación gradual. Mientras tanto, el modelo argentino servirá como referencia para evaluar viabilidades y riesgos en el contexto peruano.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.
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