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English (United Kingdom) Autoridades peruanas decomisaron cinco volquetes y una retroexcavadora en el Parque Nacional Huascarán por presunta minería ilegal en el sector Santón, Cátac.
La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente, mediante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), llevaron a cabo una intervención en el paraje Santón, ubicado en la subcuenca del río Pachacoto, distrito de Cátac, provincia de Recuay. Durante la acción, se identificó y retuvo maquinaria pesada asociada a actividades mineras no autorizadas. El operativo contó con el apoyo de efectivos de la comisaría de Cátac, la Policía de Medio Ambiente de Huaraz, representantes del Ministerio Público y miembros de la comunidad local.
Dato clave: La maquinaria decomisada —cinco volquetes y una retroexcavadora— operaba sin opinión técnica vinculante del Sernanp ni autorización para extracción de materiales.
La acción forma parte de un plan de vigilancia continuo en el área protegida, impulsado tras alertas sobre presuntas actividades ilícitas. Según la Jefatura del Parque Nacional Huascarán, las operaciones detectadas carecían de los requisitos legales necesarios para desarrollarse dentro del área, lo que pone en riesgo ecosistemas altoandinos frágiles. La coordinación interinstitucional permitió verificar en campo los hechos y reforzar las bases técnicas para las investigaciones penales en curso.
Contexto
El Parque Nacional Huascarán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, enfrenta presiones recurrentes por actividades extractivas no reguladas, especialmente en zonas de difícil acceso como la subcuenca del Pachacoto. La minería ilegal no solo degrada suelos y altera cursos de agua, sino que amenaza la biodiversidad endémica y los servicios ecosistémicos que sostienen a comunidades aledañas. A pesar de los esfuerzos de fiscalización, persisten desafíos logísticos y de cobertura territorial que exigen mayor presencia estatal y participación comunitaria activa.
¿Qué sigue?
El Ministerio del Ambiente y el Sernanp reforzarán los patrullajes y fortalecerán los canales de alerta temprana con las comunidades. Paralelamente, el Ministerio Público avanzará en la investigación penal para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. La estrategia a futuro incluye incrementar la coordinación con gobiernos locales y regionales para prevenir nuevas invasiones y proteger el patrimonio natural del centro andino.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.