Español 
English (United Kingdom) La Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó remitir al Pleno el informe final contra Castillo y Ayala, cuyo vencimiento de prerrogativa funcional se acerca el 15 de noviembre.
Este miércoles, por unanimidad, la comisión derivó al Pleno de la Cámara de Diputados el expediente que contiene la denuncia constitucional presentada por la exfiscal Patricia Benavides contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Walter Ayala. La medida responde al inminente vencimiento de la prerrogativa funcional de Ayala, programado para el 15 de noviembre de 2026, y al hecho de que se trata de la única denuncia constitucional pendiente cuyo plazo caduca antes de fin de año.
Dato clave: La denuncia fue presentada en 2023 por presuntos delitos como abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, organización criminal, tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico.
El proceso había quedado pendiente al término del período legislativo 2021-2026, tras no haberse concluido su trámite en la Comisión Permanente. Con la instalación del nuevo Congreso, el expediente fue reasignado a la actual Comisión de Acusaciones Constitucionales, en cumplimiento de un acuerdo de la Junta de Portavoces. El presidente de la comisión, Daniel Varas (Juntos por el Perú), subrayó que se trata de un trámite administrativo, sin posibilidad de modificar lo ya decidido por la Subcomisión anterior. Diputados como Fernando García y Cecilia Chacón coincidieron en que omitir el envío al Pleno sería una falla institucional.
Contexto
Este caso reviste especial relevancia por su vinculación con el intento de disolución parlamentaria del 7 de diciembre de 2022, evento que desencadenó la destitución presidencial. La denuncia se enmarca en las investigaciones posteriores a la gestión de Castillo, especialmente en relación con supuestas maniobras ilegales en torno a la defensa del gobierno ante la crisis política. La comisión debe actuar con urgencia para evitar la prescripción de la acción penal, lo que impediría avanzar en la responsabilidad constitucional de los acusados.
¿Qué sigue?
El Pleno de la Cámara de Diputados deberá programar la discusión y votación del informe, con lo que se decidirá si se autoriza o no el proceso constitucional. Si se aprueba, la denuncia pasará al Tribunal Permanente de Acusaciones Constitucionales para su análisis final. La próxima sesión plenaria, prevista para la próxima semana, podría convertirse en el escenario clave para definir el destino de este expediente.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.