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English (United Kingdom) El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, acusó que sectores parlamentarios buscan socavar la democracia desde el Congreso tras un tenso altercado en la Comisión de Constitución, y rechazó lo que calificó como un obstruccionismo sin precedentes frente a la solicitud de facultades legislativas.
Tras el conflicto verbal entre el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) y el ministro César Astudillo (Interior) el pasado sábado en la Comisión de Constitución, Belaunde sostuvo que el Ejecutivo mantiene como prioridad obtener las facultades para legislar en materias clave como seguridad nacional y prosperidad económica, pese a los intentos de obstrucción por parte de algunos congresistas.
Dato clave: El ministro recordó que, en 2021, el Congreso otorgó facultades legislativas al entonces presidente Pedro Castillo, mientras que al actual gobierno le niegan el mismo derecho al inicio de su gestión.
En entrevista con *Punto Final*, Belaunde enfatizó que la negativa a conceder las facultades —aunque el Parlamento conserve la última palabra al revisar las 66 leyes que derivarían— responde a una estrategia deliberada de paralización. Asimismo, criticó la diferencia en la clasificación de grupos armados transnacionales: mientras Ecuador considera a ‘Los Choneros’ como organización terrorista, en Perú se les cataloga como “organizaciones criminales”, lo que, según él, crea un “paraíso legal” que atrae a estos grupos.
Contexto
La tensión en la Comisión de Constitución marcó un punto crítico en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Belaunde subrayó que el marco legal peruano es limitado para enfrentar a grupos armados organizados residuales, como disidentes de las FARC, el Comando Vermelho y Los Choneros, y advirtió que esta brecha normativa favorece su expansión territorial en el país. La falta de consenso en la delegación de facultades ha generado preocupación en círculos gubernamentales sobre la capacidad del Estado para responder con celeridad a amenazas transnacionales.
¿Qué sigue?
El Gobierno espera que el Congreso apruebe la delegación de facultades en los próximos días, pese a las resistencias. Si no se logra un acuerdo, el Ejecutivo considerará otras vías para avanzar en temas de seguridad y economía, lo que podría agravar la tensión institucional. La situación servirá como prueba de fuego para la gobernabilidad del actual gabinete y su capacidad de negociación con una bancada fragmentada.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.