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English (United Kingdom) La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, enfrenta un juicio oral por presunta discriminación agravada contra un menor de 3 años con TEA, ocurrido en abril de 2025 cuando ejercía como docente en Moquegua.
La fiscalía acusa a la parlamentaria de negarse a recibir al niño en su aula en el colegio San Antonio de Padua, a pesar de que la directora ya había autorizado su ingreso. El caso se encuentra en la etapa probatoria y podría resolverse en los próximos tres meses; paralelamente, se solicita su inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos.
Dato clave: La fiscalía sostiene que la negativa de Chipana a integrar al menor al aula sin garantizar una profesora sombra —costo que la familia no podía cubrir— constituye discriminación agravada por condición de discapacidad.
El padre del menor, Ysai Cáceres, denunció que la entonces docente le impidió el acceso al salón y propuso la contratación de una acompañante especializada, situación que su familia consideró inviable debido a sus limitados recursos económicos. La defensa, a cargo del exfiscal José Domingo Pérez, argumenta que la propuesta de profesora sombra reflejaba preocupación por las necesidades educativas del niño, no un acto discriminatorio, y que no se configuró delito alguno. Pérez también cuestionó la interpretación fiscal de los hechos y señaló que las críticas debían dirigirse a la Fiscalía por la protección de testigos.
Contexto
Este caso reviste especial relevancia en el marco del fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema educativo peruano. La Ley N.° 29984 y la Política Nacional de Educación Inclusiva exigen adaptaciones razonables, pero no imponen a las familias el costo de recursos de apoyo. La denuncia surge tras una creciente demanda social por garantizar la inclusión educativa, especialmente tras la promulgación del Convenio 159 de la OIT sobre rehabilitación profesional y empleo de personas con discapacidad. La posición de la diputada Chipana —quien, como funcionaria pública, tendría conocimiento de estos estándares— intensifica la atención mediática y el escrutinio institucional sobre su actuación.
¿Qué sigue?
El juicio oral avanzará en los próximos meses hacia la etapa de alegatos y sentencia, tras la presentación de pruebas periciales y testimonios. El resultado podría tener impacto en su carrera política, especialmente si se confirma la responsabilidad penal, lo que derivaría en su inhabilitación y afectaría su credibilidad ante comités de ética parlamentaria. La Fiscalía, por su parte, reforzará su argumento en torno al criterio de discriminación agravada, mientras la defensa insiste en la ausencia de dolo y en la legítima solicitud de apoyo especializado.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.