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English (United Kingdom) El Congreso invirtió casi S/3 millones en la remodelación total de sus comedores parlamentarios y de trabajadores, superando el enfoque de mantenimiento anunciado y generando críticas por su alto costo y falta de transparencia.
Según información de *Cuarto Poder*, citada por *El Comercio*, la Mesa Directiva del anterior Congreso —encabezada por el entonces presidente Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular)— aprobó en abril la intervención de ambos espacios ubicados bajo el Parque Congresal de la República. Aunque se justificó como un “mantenimiento integral”, la obra incluyó una transformación profunda: desde reformas estructurales hasta mobiliario de lujo, con materiales como piedra sinterizada, maderas nobles, cuero y elementos decorativos de alto valor.
Dato clave: La inversión superó los S/3 millones y contempló exigencias específicas como sillas Luis XV con asiento tapizado en cuero verde, chimenea, espejos ornamentales y muebles personalizados para el comedor de congresistas.
El proyecto partió de un informe del Departamento de Servicios Generales que, inicialmente, proponía acondicionamiento y ampliación de cocinas y salones. No obstante, el alcance real de la obra trascendió lo funcional: se optó por un diseño moderno, sofisticado y elegante, con mobiliario detallado que incluye mesas circulares, aparadores, libreros, percheros y elementos de iluminación LED. Ambos comedores —para parlamentarios y trabajadores— fueron intervenidos simultáneamente, aunque los requerimientos para el primero fueron notablemente más exigentes.
Contexto
Análisis: La remodelación generó controversia entre expertos en contrataciones estatales. La abogada Cecilia Ruiz destacó que el gasto excede las necesidades públicas y cuestionó la opacidad del proceso, al no haberse hecho pública la documentación técnica ni las licitaciones correspondientes. “Se habla de mantenimiento, pero es una remodelación millonaria”, subrayó. Esta situación se enmarca en un contexto de creciente escrutinio ciudadano hacia el uso de recursos públicos en el ámbito legislativo, especialmente tras denuncias previas sobre gastos innecesarios y falta de rendición de cuentas.
¿Qué sigue?
La Comisión de Ética Parlamentaria y la Oficina de Control Institucional podrían investigar los trámites de la obra, especialmente si se confirma que se evadió el régimen de licitación pública. Mientras tanto, la sociedad civil y medios de comunicación exigirán transparencia en los contratos y justificación de los costos, en línea con los estándares internacionales de gestión fiscal responsable.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.