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English (United Kingdom) El gobierno propone fiscalización tripartita a plantas de beneficio con capacidad superior a 25 toneladas/día, como parte de la nueva Ley MAPE que busca formalizar a 120 mil mineros informales antes del cierre del Reinfo.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentará en los próximos días ante el Congreso el proyecto de Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que incluye la atribución a la OEFA, Osinergmin y Sunafil de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción contra plantas de tratamiento que procesen más de 25 toneladas métricas de mineral por día, durante un período transitorio de cinco años tras su promulgación.
Dato clave: Actualmente, solo las plantas con capacidad superior a 350 toneladas diarias eran fiscalizadas por gobiernos regionales, lo que generó vacíos regulatorios en el control de flujos mineros.
La iniciativa busca cerrar una brecha regulatoria histórica: hasta ahora, la OEFA no tenía competencia sobre la pequeña minería ni sobre las plantas de beneficio, mientras que Osinergmin y Sunafil tampoco intervenían directamente en esta actividad. La propuesta del MINEM, respaldada por la viceministra Mayra Figueroa, busca centralizar la fiscalización en tres entidades especializadas para garantizar el cumplimiento ambiental, de seguridad y laboral. Expertos consultados, como Iván Arenas y César Ipenza, valoran positivamente la medida, aunque exigen mayor precisión normativa, uso de tecnología (como monitoreo satelital) y enfoque en los grandes exportadores de oro, que suelen ser los principales operadores de estas instalaciones.
Contexto
Análisis: La propuesta responde a la urgente necesidad de formalizar a cerca de 120 mil mineros informales que ingresan al régimen de consolidación (Reinfo), cuyo plazo vence el 30 de junio de 2025. El actual esquema de fiscalización descentralizada demostró ineficacia, especialmente en el control de ingresos y salidas de mineral, lo que facilitó la lavandería de oro de origen ilegal. La intervención tripartita representa un giro estratégico hacia una supervisión técnica y especializada, pero su éxito dependerá de la capacidad institucional de las entidades involucradas y del apoyo tecnológico para operar con eficiencia en zonas remotas.
¿Qué sigue?
El proyecto ingresará al Congreso bicameral en los próximos días, con el objetivo de ser aprobado antes del cierre del Reinfo. Los expertos recomiendan incluir mecanismos de monitoreo en tiempo real y definir con claridad la agregación de capacidades en empresas con múltiples plantas. La implementación inmediata de las funciones fiscalizadoras por parte de la OEFA será clave para evitar nuevos retrasos regulatorios.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.