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English (United Kingdom) El Ejecutivo propone un plazo único de 18 meses para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, sin posibilidad de prórroga, mediante la Ley MAPE.
La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, confirmó que el proyecto de Ley MAPE establece un plazo de 18 meses para que los mineros informales completen su proceso de formalización, reemplazando los anteriores dos años previstos. Además, se crea el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), encargado de otorgar permisos, certificar operaciones y ejercer fiscalización, mientras que la OEFA, Osinergmin y Sunafil supervisarán las plantas de beneficio durante cinco años.
Dato clave: El FORMAPE asumirá todas las funciones de fiscalización y otorgamiento de permisos que hoy corresponden a las direcciones regionales, con un plazo máximo de 120 días para su creación.
El proyecto busca regular la actividad minera informal, que representa una fuente importante de empleo pero también de impacto ambiental y evasión fiscal. Hasta ahora, entidades como la OEFA no fiscalizaban a la pequeña minería ni a la artesanal, lo que generaba un vacío regulatorio. Con la creación del FORMAPE y la inclusión de nuevas entidades fiscalizadoras, el Estado busca fortalecer el control, la trazabilidad y la transparencia en el sector, especialmente en lo que respecta al procesamiento de oro. Asimismo, se habilita al Banco de la Nación para abrir cuentas corrientes y de ahorro a los mineros informales, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los ingresos y prevenir el lavado de activos, siempre que estén inscritos en el Reinfo.
Contexto
Análisis: La iniciativa responde a presiones internas y externas por la expansión de la minería informal no regulada, que según el Ministerio de Energía y Minas afecta más de 200 mil trabajadores. Expertos han expresado preocupación por la viabilidad institucional del FORMAPE y por los posibles riesgos de lavado de activos, pese a que el Banco de la Nación contará con acceso a bases de datos oficiales para verificar el origen de los fondos. La oposición en el Congreso ya ha señalado que el proyecto requiere mayor debate técnico, mientras organizaciones ambientalistas exigen mayores garantías para la protección de cuencas hidrográficas.
¿Qué sigue?
El proyecto de Ley MAPE ingresará al Congreso en los próximos días para su análisis en comisiones especializadas. Se espera su aprobación en segunda y tercera discusión antes de fin de año, con el objetivo de que entre en vigencia en 2025. Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas iniciará gestiones para la designación del primer directorio del FORMAPE, en coordinación con el Consejo Directivo del SERNANP y el Consejo Nacional de la Magistratura.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.