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English (United Kingdom) El Tribunal Constitucional analizará un hábeas corpus que cuestiona la condena por falso parricidio de Juan Carlos Gárate, sentenciado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de su hijo Sebastián, de 13 años, ocurrido en Cusco en 2017.
El caso se originó el 21 de agosto de 2017, cuando Sebastián Gárate Vera fue secuestrado camino al colegio Galileo en el distrito cusqueño de San Jerónimo. Tras recibir amenazas telefónicas y exigencias de un rescate de S/500.000, su madre, Claudia Vera, denunció el hecho. El 7 de setiembre de ese año, el cuerpo del menor fue hallado en condiciones de abandono. La investigación reveló que los responsables fueron Percy y Wilfredo Peralta, parientes cercanos de la familia: el primero, cuñado de Claudia mediante su hermanastra Luisa, y el segundo, hermano de Percy. Ambos huyeron del país tras ser identificados por cámaras de seguridad que los grabaron junto al auto rojo Suzuki Celerio usado en el crimen.
Dato clave: La familia había brindado apoyo económico y laboral a los Peralta: Luisa trabajaba en su empresa y Percy usaba el auto que Claudia avaló para su adquisición.
El proceso judicial se volvió emblemático por la complejidad probatoria y el impacto mediático que tuvo en el Cusco. Gárate fue condenado en primera instancia bajo la figura de falso parricidio, argumentando que simuló el secuestro para obtener dinero. Sin embargo, su defensa sostiene que fue víctima de una prueba falsa y una investigación sesgada, ya que las llamadas de rescate fueron rastreadas y él no tuvo móvil claro para cometer el delito. La madre de Sebastián ha mantenido invariablemente la inocencia de su pareja, a quien describe como un hombre desesperado que buscaba la recuperación de su hijo.
Contexto
Análisis: La causa ha reavivado el debate sobre la aplicación de la figura de falso parricidio en el Perú, cuya regulación ha generado controversia jurisprudencial. Organismos internacionales han señalado que su uso excesivo vulnera el derecho a la presunción de inocencia. En este caso, el TC deberá determinar si hubo errores sustanciales en la recolección de pruebas, especialmente en la identificación de los autores materiales y en la valoración de las declaraciones testificales. La audiencia ante el TC representa una última instancia para impugnar la sentencia, tras agotar los recursos ordinarios.
¿Qué sigue?
El Tribunal Constitucional tiene previsto pronunciarse en los próximos meses. Cualquier fallo que declare la nulidad de la condena implicaría la liberación inmediata de Gárate, mientras que una confirmación reforzaría la tendencia judicial actual hacia una mayor rigurosidad en la prueba. El caso sigue siendo un termómetro de la confianza ciudadana en la justicia penal.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.