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English (United Kingdom) El gobierno prohíbe celulares en colegios con un decreto reciente; el Congreso sigue paralizado sin enviar proyectos al Senado tras 45 días; y la extorsión en Lima y Callao deja dos muertos y un niño herido en menos de 24 horas.
El Decreto Supremo 018-2026-Minedu, publicado el 4 de octubre, prohíbe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educativos públicos y privados, con excepciones justificadas para emergencias, salud o fines pedagógicos. Paralelamente, la Cámara de Diputados lleva ya 45 días sin remitir ningún texto legislativo al Senado, a pesar de haber instalado sus comisiones. En paralelo, tres ataques con armas de fuego en menos de un día dejaron dos choferes fallecidos y un niño de cuatro años con heridas en el cuello, presuntamente por negarse a pagar cupos de extorsión en Lima y el Callao.
Dato clave: 45 días sin envío de proyectos legislativos al Senado y 2 choferes asesinados en menos de 24 horas por extorsión.
La medida educativa busca revertir la fragmentación de la atención en clases, un problema creciente con la proliferación de pantallas. La norma exige a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) supervisar su cumplimiento y a las instituciones actualizar sus reglamentos internos sin demora. En el ámbito legislativo, la parálisis se agravó tras la delegación de facultades al Ejecutivo, lo que según algunos diputados habría absorbido la agenda. Sin embargo, el retraso afecta temas críticos como seguridad ciudadana, adaptación al cambio climático y mejora de servicios básicos. En cuanto a la inseguridad, los ataques a transportistas se han incrementado en zonas de alta demanda, donde los delincuentes exigen pagos bajo amenazas, convirtiendo el trabajo diario en un riesgo letal.
Contexto
En educación, la norma responde a años de preocupación por el impacto negativo del uso excesivo de dispositivos en el aprendizaje y la convivencia escolar. En el Legislativo, la falta de coordinación bicameral pone en duda la eficacia del sistema para responder a la crisis de legitimidad. En seguridad, los crímenes en el transporte público se suman a la tendencia ascendente de extorsiones en la capital, donde la Policía registra más de 300 denuncias mensuales, aunque la subreportación sigue siendo alta. La sociedad exige respuestas concretas, no solo declaraciones, mientras las familias temen por la integridad de sus seres queridos en espacios públicos.
¿Qué sigue?
Las UGEL deberán emitir lineamientos operativos en los próximos 30 días para garantizar la implementación efectiva del decreto. En el Congreso, la presión ciudadana y la oposición pueden forzar una reprogramación urgente de la agenda legislativa. En seguridad, se espera que el Ministerio del Interior despliegue patrullajes especializados en rutas críticas y active una unidad de inteligencia contra las bandas de extorsión. Si no hay avances visibles, la desconfianza ciudadana se profundizará y las protestas sociales podrían escalar.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.