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English (United Kingdom) Tras la primera vuelta presidencial del 12 de abril, la desconfianza en los organismos electorales se profundizó, evidenciando una brecha entre transparencia real y percepción ciudadana.
Según una encuesta de Datum de noviembre de 2025, el 70% de los peruanos desconfiaba ya de la ONPE y el JNE, una desconfianza que se arrastra desde las no confirmadas denuncias de fraude en las elecciones de 2021. En la actual contienda, miles de ciudadanos acudirán a las urnas sin claridad sobre el trámite de entrega de credenciales a los 130 exalcaldes que se postulan como primeros regidores tras su elección en 2022.
Dato clave: El 70% de los peruanos desconfía de la ONPE y el JNE, según encuesta de Datum de noviembre de 2025.
La crítica no apunta a una falta de transparencia comprobada: hasta ahora, todas las supuestas pruebas de irregularidades presentadas por distintos candidatos han sido desmentidas por las entidades competentes. Sin embargo, persiste un problema de legitimidad percibida: las autoridades electorales no han logrado reconstruir la confianza ciudadana, a pesar de los procesos técnicamente sólidos. Este vacío de credibilidad alimenta el terreno para la propagación de desinformación y discursos simplistas que explotan el miedo y la incertidumbre.
Contexto
La falta de reformas previstas por el Congreso —como los mecanismos de transparencia y control previstos para evitar ambigüedades en el trámite electoral— ha dejado al sistema vulnerable. La ausencia de normas claras sobre la entrega de credenciales a candidatos con antecedentes administrativos cuestionados genera un escenario de riesgo institucional. La sociedad civil y los medios han denunciado que esta improvisación legislativa debilita la calidad democrática y facilita la manipulación del discurso público.
¿Qué sigue?
La segunda vuelta exige una respuesta urgente de las instituciones electorales para reforzar su comunicación y transparencia operativa. Será clave que ONPE y JNE actúen con celeridad y visibilidad para restablecer la confianza, mientras el Parlamento debe priorizar las reformas pendientes. Sin acción concreta, la percepción de inseguridad jurídica seguirá erosionando el tejido democrático.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.