Topes a la inclusión financiera

Los topes a las tasas de interés para microfinanzas en Perú, implementados en 2021, han excluido a más de 540 mil personas y empresas del sistema financiero formal, según el BCR, al incrementar el riesgo percibido y limitar la oferta crediticia.

La norma, inspirada en intenciones de proteger a los más vulnerables, surtió el efecto opuesto: en los tres primeros años de vigencia (2021-2024), 324 mil nuevos potenciales clientes y otros 218 mil ya incluidos fueron excluidos del mercado formal, según cifras del Banco Central de Reserva. La medida fue adoptada en un contexto donde más del 83% de las micro y pequeñas empresas (mypes) son informales y representan el 99% del tejido empresarial nacional.

La experiencia internacional respalda esta crítica: estudios del Banco Mundial en Kenia, Zambia, Camboya, India y Reino Unido revelaron que los topes a las tasas fomentan la exclusión financiera. En Perú, la restricción afecta principalmente a las microfinancieras —actores clave en la inclusión—, al hacer inviable económicamente otorgar créditos a quienes no tienen historial crediticio. Esto ha impulsado el crecimiento de redes de préstamos ilegales, con tasas aún más altas y prácticas abusivas, según alertas del BCR y entidades de defensa al consumidor.

Contexto

Análisis: La regulación nació sin considerar la alta informalidad del país, lo que generó una desconexión entre la intención normativa y la realidad operativa. Las entidades microfinancieras, cuyo modelo depende de tasas diferenciadas por perfil de riesgo, se vieron forzadas a reducir su cartera o salir del mercado, especialmente en zonas rurales y periféricas. Organismos como COLAFI y expertos en desarrollo financiero advierten que la inclusión requiere de herramientas como educación financiera, infraestructura de crédito alternativo y regulación proporcional, no topes unilaterales que distorsionan el mercado.

¿Qué sigue?

Se avecina una revisión legislativa en 2025 para evaluar la eficacia de la norma, con creciente presión de sectores empresariales, financieros y sociales para su modificación. Expertos proponen alternativas como límites escalonados por monto y plazo, o mecanismos de garantía pública para reducir riesgos sin afectar la viabilidad de las microfinancieras. La clave estará en equilibrar protección al consumidor con sostenibilidad del sistema, evitando que la regulación termine siendo un obstáculo para la inclusión que busca promover.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.