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English (United Kingdom) El gremio de consumidores de gas alerta sobre la propuesta de TGP de extender 10 años más su concesión, pese a incumplimientos documentados tras la interrupción del servicio en octubre de 2023.
La Asociación de Consumidores de Gas del Perú rechazó la iniciativa de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) de ampliar su contrato de concesión por una década, argumentando que la empresa no ha subsanado fallas críticas en su sistema, como la falta de capacidad de respaldo y redundancia, y que, en cambio, busca que el Estado le adjudique directamente un nuevo proyecto de S/7,000 millones sin licitación.
Dato clave: El contrato exige una disponibilidad mínima del 99%, pero tras seis meses de interrupción del servicio de Camisea, Osinergmin y la Contraloría han constatado incumplimientos documentados.
La asociación sostiene que TGP no ha presentado medidas concretas para corregir sus fallas operativas y, en lugar de ello, propone una adenda que incluye una extensión automática de su monopolio, con condiciones consideradas “muy ventajosas” para la empresa: remuneración por infraestructura ya pagada, flexibilidad en plazos de ejecución y transferencia de riesgos al Estado en el nuevo Ramal Sur. Además, exige que las inversiones futuras en respaldo y redundancia —que deberían cumplir con su obligación contractual— sean remuneradas como proyectos adicionales, lo que implica que los usuarios seguirían pagando por solucionar sus propios incumplimientos.
Contexto
El conflicto se enmarca en una crisis de confianza tras la interrupción del suministro de gas natural de Camisea en octubre de 2023, que afectó a miles de usuarios domésticos e industriales. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Contraloría General de la República han validado los hallazgos del gremio consumidor, lo que refuerza la necesidad de una supervisión más rigurosa. El sector industrial y los hogares han expresado preocupación por posibles aumentos tarifarios y riesgos de nuevos cortes si no se garantiza la estabilidad del sistema. Esta situación pone en jaque la transparencia del modelo de concesiones y la eficacia del marco regulatorio energético peruano.
¿Qué sigue?
La asociación urgió al Gobierno a exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones contractuales por parte de TGP y a abrir a la competencia internacional tanto la concesión del Ramal Sur como la futura operación del sistema de transporte de Camisea. Se prevé que el Ejecutivo deba pronunciarse en los próximos meses, con el respaldo de Osinergmin, antes de que expire el plazo actual de concesión en 2032.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.