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English (United Kingdom) La familia de Renee Good, una mujer de 37 años asesinada por un agente de ICE en Mineápolis el 7 de enero, demandó al gobierno federal por homicidio y uso excesivo de la fuerza, vinculando los hechos a la operación migratoria impulsada por la administración Trump.
El hermano de la víctima, Brent Ganger, presentó dos demandas ante un tribunal federal, una de ellas de casi 150 páginas, en nombre de Renee y su esposa Rebeca Good. Según las acusaciones, el agente federal Ross disparó tres veces contra Good cuando ella intentaba alejarse lentamente en su vehículo, negándole asistencia médica posterior. El acto ocurrió durante la “Operación Metro Surge”, una campaña migratoria ordenada por la Casa Blanca y ejecutada por ICE en Mineápolis, que generó fuerte oposición local y nacional.
Dato clave: Good murió el 7 de enero tras recibir tres disparos mientras protestaba contra la presencia de agentes migratorios en su ciudad.
La demanda sostiene que los agentes federales actuaron con discriminación y perfilamiento racial, violando derechos constitucionales al realizar detenciones sin sospecha razonable. Además, se señala que la estrategia migratoria de la administración Trump fomentó un entorno de hostigamiento hacia civiles, observadores legales y periodistas que documentaban las operaciones. El caso se suma al de Alex Pretti, otro estadounidense de 37 años que falleció días después tras ser disparado por agentes de ICE durante manifestaciones similares en la misma ciudad.
Contexto
Las demandas reflejan la creciente tensión entre las autoridades migratorias federales y comunidades locales que rechazan la presencia de ICE, especialmente en ciudades consideradas “refugio”. Organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes han denunciado patrones de violencia letal y falta de rendición de cuentas. La administración Trump justificó la operación como necesaria para hacer cumplir la ley migratoria, pese a las advertencias de autoridades estatales y locales sobre los riesgos para la seguridad pública.
¿Qué sigue?
Las demandas buscan un juicio ante un juez federal y una investigación independiente sobre las acciones de los agentes involucrados. El caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de agentes federales en el uso de la fuerza letal contra civiles no inmigrantes y reavivar el debate sobre la reforma migratoria y el control policial. La familia Good exige justicia no solo por su pérdida, sino para evitar que futuras políticas migratorias vulneren los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.