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En Loreto, la crisis del agua potable y el saneamiento pone en riesgo la salud infantil y el desarrollo educativo, con 72,2% de la población sin acceso a agua segura y altas tasas de enfermedades hídricas.
El 26 de setiembre, Día Mundial de la Salud Ambiental, pone el foco en Loreto, donde solo el 14% del agua disponible cumple con estándares de cloración, según el INEI. Las fuentes locales —ríos, acequias y lluvia— llegan contaminadas por desechos no tratados, deforestación y filtraciones de pozos ciegos, lo que impulsa altas tasas de anemia en niños rurales (63,1%) y 19,2 muertes por cada 1.000 nacidos vivos por enfermedades de origen hídrico, según Geresa.
Dato clave: El 80% de las enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales a nivel global se vinculan al consumo de agua insalubre, una realidad que en Loreto se traduce en altas tasas de mortalidad infantil y bajo desempeño escolar.
Read more: La salud ambiental que Loreto no puede seguir postergando
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La presidenta Keiko Fujimori propone equiparar a las organizaciones criminales con grupos terroristas para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, una iniciativa que despierta serias reservas constitucionales y de derecho.
La jefe de Estado ha insistido en calificar a las bandas delictivas como “grupos terroristas” y “enemigos del sistema democrático”, una postura que, según analistas, ignora diferencias fundamentales entre ambas modalidades de violencia y pone en riesgo el marco legal vigente.
Dato clave: La Constitución peruana asigna a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, no la seguridad ciudadana interna, tarea que corresponde a la Policía Nacional.
La propuesta se enmarca en un contexto de creciente inseguridad, con cifras que en 2023 reportaron más de 1200 homicidios en contextos de robo y extorsión en zonas como La Victoria y Callao. Sin embargo, el enfoque se aleja de diagnósticos especializados que identifican al crimen organizado como estructuras económicas y no ideológicas, con fines lucrativos y no políticos. El uso del término “terrorismo” —definido legalmente como la imposición del poder mediante el terror con objetivos políticos— carece de sustento jurisprudencial y doctrinal en estos casos.
Contexto
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La desaceleración en la percepción de confianza hacia el Gobierno refleja frustraciones por la inseguridad, la gestión climática y una economía que, aunque sólida, no logra convencer a la mayoría de los ciudadanos.
Según encuestas recientes, apenas un tercio de la población considera que el Ejecutivo está preparado para enfrentar la inseguridad, mientras que apenas un punto porcentual más lo cree así para prevenir los efectos de El Niño. En materia económica —el área con mayor apoyo—, solo el 40% de los ciudadanos confía en la capacidad del Gobierno, a pesar de que el ministro de Economía ha reunido un equipo ampliamente valorado.
Dato clave: El 50% de los peruanos percibe que el actual Gobierno representa “más de lo mismo”, mientras que solo un tercio cree que impulsa un cambio genuino.
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Expertise en IA advierten sobre riesgos crecientes, pero el verdadero desafío es construir una supersabiduría ética que combine lo mejor de ambas inteligencias.
Investigadores como Jacob Coxon y Evan Hubinger, exmiembros de Anthropic, han alertado sobre la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial adquieran autonomía suficiente para comprometer redes críticas, y estiman una probabilidad superior al 10% de que, en la próxima década, su evolución descontrolada contribuya a una catástrofe existencial para la humanidad. Aunque estas proyecciones no son certezas, sí reflejan una urgente necesidad de replantear los marcos regulatorios y éticos que hoy rigen su desarrollo.
Dato clave: Evan Hubinger estima en más del 10% la probabilidad de que la IA contribuya a la extinción humana en los próximos diez años.
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Un grupo de jóvenes cometió una violación en manada en un ómnibus de San Borja, y sus familias intentaron minimizar el crimen como un “juego que se les escapó”, revelando una cultura de impunidad y deshumanización que ya caracteriza a la sociedad peruana.
El hecho ocurrió en julio de 2024 en un bus de la línea San Borja-San Isidro, cuando un grupo de adolescentes —algunos estudiantes de instituciones educativas militares— agredió sexualmente a una menor de edad que viajaba en el vehículo junto con su madre. Tras el episodio, familiares de los agresores justificaron la violencia con frases como “fue un juego que se les escapó de las manos”, lo que generó rechazo nacional y denuncias por encubrimiento y normalización de la violencia.
Dato clave: Según el Ministerio Público, al menos siete jóvenes fueron detenidos por el delito de violación en concurrencia de varias personas, tipificado en el Código Penal con penas que pueden superar los 20 años de prisión.